POLÍTICA NACIONAL DE REINTEGRACIÓN
El desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que manifestaron su voluntad de de dejar las armas en la sociedad es un proceso complejo que exige recursos humanos y financieros considerables y un alto grado de coordinación entre las instituciones estatales, miembros de la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil para su correcta planeación, implementación y monitoreo.
De los tres componentes de un proceso de DDR, la etapa de reintegración de las personas desmovilizadas presenta las mayores dificultades puesto que para tal labor es fundamental contar con una fortaleza institucional, económica,
política y social que por lo general no está presente en Estados emergiendo de una situación de confrontación armada o aún inmersos en ella – como es el caso colombiano.
Para impulsar un proceso de reintegración exitoso es fundamental gestionar simultáneamente esfuerzos para:
1. Crear condiciones que permitan la transformación de los desmovilizados a ciudadanos autónomos.
2. Fortalecer las bases sociales, económicas y culturales de las comunidades receptoras .
3. Promover la convivencia y la reconciliación nacional.
Es sobre estos tres pilares conceptuales que se fundamenta la Política Nacional de Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (PRSE) descrita en este documento por su principal promotor, la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), tal como lo estipula el decreto 3043 de 2006.
La PRSE debe ser entendida como una política de Estado de largo alcance y a largo plazo diseñada no sólo para lograr la reintegración exitosa y sostenible de quienes ya han dejado las armas sino también de todos aquellos colombianos que aún siguen militando en las filas de los Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) y que han de dejarlas a más tardar en 2016. Por ende, la PRSE ha sido diseñada como una política complementaria e integral de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), el plan de desarrollo nacional de largo plazo Visión Colombia II Centenario: 2019 (Colombia 2019), los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y las demás iniciativas gubernamentales que giran en torno a la promoción paz y el desarrollo político, social y económico del país.
La PRSE está alineada también con los más altos estándares internacionales en materia de reintegración y consolidación de paz, particularmente con las Estándares Integrados de DDR de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En consecuencia, la PRSE requerirá de un esfuerzo de Estado para su correcta implementación con responsabilidades claras para el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, el sector privado, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional.
La reintegración de personas desmovilizadas debe ser entendida como un proceso dialéctico entre ellos y las comunidades receptoras con la participación de una serie de facilitadores que intervienen en aras de crear un ambiente propicio para que el proceso fluya de la mejor manera posible.
La dialéctica mencionada consiste en una relación entre un actor que manifiesta una intención de integrarse o reintegrarse y otro que acepta o no la intención del primero luego de un proceso de acercamiento, dialogo, interacción y reconciliación.
En consecuencia, la intervención de los facilitadores – incluyendo la ACR y otras entidades gubernamentales y no gubernamentales – no debe ser entendida como el proceso de reintegración en sí, sino como una acción creadora de condiciones para la reintegración.
La PRSE plantea una estrategia de reintegración basada en comunidades que consiste en una intervención simultánea ante los dos actores principales del proceso de reintegración, a saber, las personas y grupos desmovilizados y las comunidades receptoras. Esta fue elaborada a partir de la experiencia colombiana y de experiencias internacionales en materia de reintegración de en situaciones de posconflicto; integración de inmigrantes y refugiados políticos en países desarrollados; e iniciativas de la comunidad internacional de desarrollo socioeconómico y de consolidación de paz en zonas subdesarrolladas o de conflicto.
El objetivo central es la integración plena de las personas y grupos desmovilizados en la vida social y económica de las comunidades receptoras y, por extensión, de la sociedad civil colombiana. La estrategia tiene 2 objetivos específicos:
1. Apoyar, formar y sensibilizar a las personas y grupos desmovilizados en aras de empoderarlos para que voluntariamente hagan parte de, y aprovechen, las oportunidades que ofrece la civilidad para alcanzar una vida digna
2. Promover la convivencia, la reconciliación y el desarrollo social y económico de las comunidades receptoras en aras de maximizar sus capacidades de absorción
El resultado final es una política que busca consolidar los avances de la PDSD a través de la reintegración social y económica de las personas y grupos armados al margen de la ley que optaron por abandonar la violencia y contribuir a la consolidación de paz y al desarrollo social y económico de la nación.
La estrategia nacional de reintegración que nace de la PRSE se materializa en un conjunto de mecanismos de intervención enmarcados en los escenarios de reintegración enfocada en individuos y reintegración basada en comunidades adoptando muchas de las prácticas hasta ahora desplegadas por el Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ) e introduciendo unas nuevas aprendidas de experiencias internacionales en materia de reintegración y desarrollo socioeconómico en aras de solidificar la secuencia y armonizar los componentes hacia la creación de un proceso integral que sea funcional tanto para los actores ya inmersos en el proceso como para los que faltan por venir.