El Plan Padrino de la Policía Nacional presenta resultados positivos en materia de seguridad de los desmovilizados
Más de mil uniformados, en 757 municipios del país trabajan en el Plan Padrino, una estrategia del Gobierno Nacional que busca minimizar los riesgos en la seguridad de la población desmovilizada y de las comunidades que reciben a estos colombianos.
El pasado 15 de abril, un desmovilizado del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia que adelantaba su proceso de reintegración en el departamento del Chocó pudo salvaguardar su vida gracias al trabajo articulado y oportuno de la Personería Municipal, la Policía Nacional y la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración (ACR).
El desmovilizado estaba siendo amenazado por bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que buscaban su reincidencia en el mundo criminal. Él, al igual que el 98 por ciento de desmovilizados que han pedido protección a las autoridades gubernamentales, han sido atendidos; algunos incluso han sido trasladados a entornos más seguros donde han podido continuar su proceso de inclusión a la vida civil.
Sin embargo, desde el 2004 hasta la fecha, de los 52 mil colombianos que han abandonado los grupos armados ilegales, 1.622 han sido asesinados. De ellos, 1.383 pertenecieron a las autodefensas y 239 a grupos guerrilleros. La situación ha sido más compleja en Antioquia, Bogotá, Córdoba, Cesar y Santander, con una tasa de homicidios que ha sido constante a lo largo de los años.
Es por esto que desde el 2008, la Policía Nacional y la ACR vienen implementando el Plan Padrino, una estrategia en la que los uniformados acompañan las actividades psicosociales y comunitarias realizadas en el marco del proceso de reintegración, y dan asesoría en temas de autoprotección.
Este plan ofrece seguridad a los contratistas de la ACR que trabajan en los centros de servicio y durante los desplazamientos hacia municipios y barrios en zonas de alto riesgo, que se realizan en el marco de la atención psicosocial, lo cual ha tenido un gran impacto, pues en 2010 solo se ha presentado una situación de riesgo, en Puerto Berrio, sin víctimas fatales ni heridos.
Denuncias de desmovilizados aportan al mejoramiento de la seguridad
La seguridad de los desmovilizados y de todos los colombianos es responsabilidad exclusiva de la Fuerza Pública, sin embargo, contar con el apoyo de más de 1.130 policías en los 757 municipios donde están asentados los participantes del proceso de reintegración, y haber desplegado una estrategia de atención personalizada para la prevención y la atención de riesgos, ha sido vital para el mejoramiento de la seguridad.
Los desmovilizados y los habitantes de las comunidades receptoras, poco a poco, están perdiendo el miedo a denunciar las amenazas. Mientras en el 2008, se presentaron 333 denuncias ante las autoridades competentes, en el 2009 se alcanzó la cifra de 676 casos. Y en lo corrido del 2010, van 83 acusaciones, lo cual ha permitido la captura de cientos de integrantes de bandas criminales y mejorar el entorno de seguridad en muchas zonas del país.
En cuanto a las solicitudes de estudios de seguridad por parte de la población desmovilizadas, que también aumentaron en un 48 por ciento, la MAPP/OEA destaca el gran esfuerzo realizado por la ACR para que éstos tomen el menor tiempo posible y así evitar que mientras el desmovilizado se encuentra en esa etapa sufra algún atentado o pierda la vida.
De acuerdo a información de la ACR, anteriormente un caso duraba 93 días calendario en promedio en ser atendido y solucionado, ahora el número de días promedio se redujo significativamente y más del 50% de los casos es atendido oportunamente, en 15 días.
Como resultado de la atención oportuna, en lo corrido del año, 325 desmovilizados fueron trasladados con sus familias a otras ciudades del país, donde han podido continuar con sus proyectos de vida en la legalidad. Sin embargo, desde el 2008, 42 reinsertados han muerto después de alertar sobre intimidaciones.
Con relación a las amenazas y homicidios de la población desmovilizada el Alto Comisionado: “En la ACR hemos podido constatar que responden a intentos de reclutamiento por parte de las estructuras emergentes. Hay cierto grado de concordancia entre los homicidios a desmovilizados en territorios donde las bandas criminales se disputan el control de los cultivos y las rutas de narcotráfico”.
Por eso, en los territorios con mayor riesgo de seguridad, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración está desarrollando talleres de seguridad, que tratan temas sobre la cultura de la legalidad y deberes y derechos de los desmovilizados. La capacitación busca que tengan más confianza en la institucionalidad y también que aprendan a auto protegerse pues es un hecho que cada uno es responsable de su seguridad.
Además, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, en alianza con la Universidad Externado de Colombia, viene adelantando una investigación sobre las causas que motiva la vinculación de los colombianos a grupos armados ilegales y su reincidencia en la violencia, para diseñar una estrategia de prevención de reincidencia con todo el rigor académico.
“Nuestro objetivo es que ningún Colombiano desperdicie su vida y su juventud en los grupos armados ilegales, las bandas criminales o la delincuencia común”, concluye el Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl.
ción de Jóvenes Rurales Emprendedores