Reintegración, el camino hacia el progreso

Julio

Un proceso de paz solo avanza y se consolida si se vinculan a los violentos a la vida civil, amparados por la tolerancia, y en condiciones económicas y de seguridad social que los disuada de regresar a las armas.

En Colombia la reintegración es un reto pues la ofensiva oficial para lograr la desmovilización de guerrilleros y paramilitares, no sólo por la fuerza sino a verbo, ha surtido efecto.

Mientras en toda la década del noventa, mediante acuerdos de paz, 4.715 guerrilleros optaron por volver colectivamente a la vida civil; hoy en día, en proceso de reintegración tenemos 8.235 personas de las FARC, 3.682 de las Autodefensas de manera individual, 1.941 del ELN y 435 de las disidencia y 31.671 de las Autodefensas, como producto de las negociaciones de paz con el Gobierno.

Como otras poblaciones vulnerables, las personas en proceso de reintegración tienen bajo nivel educativo, son analfabetas, han vivido de cerca la violencia, dentro de sus casas o en sus municipios; algunos se criaron en el monte y aún son niños, otros en cambio ya tienen a cuestas varias familias por las que deben responder. La mayoría no está lista para ingresar en el mercado laborar formal pero ya no quieren vivir del conflicto.

Lo peor que podría pasar con ellos es generarles expectativas y no cumplirlas, no sólo porque esto les daría argumentos a las personas hoy alzadas en armas para reclutar excombatientes, sino que además los que querrían desmovilizarse no lo harían. Y el costo social sería muy alto.

Por eso, a diferencia de otros procesos de paz en el mundo, o incluso como se hizo con el M-19, que desembocó en una admistía, el Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería para la Reintegración diseñó una política incluyente, sostenible y de largo plazo; que debe convertirse en una causa nacional para que el país pueda dar un salto hacia adelante e integrarse como un estado desarrollado dentro de la Comunidad Internacional.

La estrategia es equitativa y justa con las poblaciones que han sido víctimas de la violencia, pues en Colombia la mitad de la población es pobre y nosotros no podemos mandarles el mensaje erróneo a las personas que han escogido la ruta del esfuerzo y del respeto a la constitución que les va mejor si se incorporan a un grupo armado ilegal y luego se desmovilizan.

Como el resto de los colombianos, las personas en proceso de reintegración tienen derecho a salud y educación, adicionalmente la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración les exige tener su situación jurídica en regla, asistir a las actividades de acompañamiento psicosocial y capacitarse en los cursos de formación académica y formación para el trabajo para recibir un apoyo económico, que es un monto por debajo del salario mínimo legal vigente, a pesar de que en los grupos armados ganaban sueldos superiores a los 800 mil pesos. Creemos que vivir tranquilos, poder estar al lado de la familia y ver crecer a los hijos es la mayor recompensa que puede tener un ser humano.

El acompañamiento psicosocial, a cargo de una red de 277 psicólogos distribuido en todo el territorio nacional, incluye asesorías individuales, visitas domiciliaras, talleres psicosociales y actividades familiares y comunitarias. Esto permite hacer un monitoreo eficiente de los participantes, pues sabemos dónde viven, conocemos sus familias, incluso cómo reaccionan ante los problemas. Y con la educación, además de prepararlos para el mercado laboral, logramos que adquieran valores éticos y ciudadanos.

En Tierra Alta, en Córdoba, a pocos kilómetros de Ralito, epicentro de las negociaciones de paz con las Autodefensas, durante décadas hubo un permanente ‘toque de queda’. Hoy en día, los habitantes están tranquilos, pueden salir en la noche, saben que el Gobierno está haciendo presencia. Gracias a esto allí 915 de los 1.327 ex combatientes de las AUC están cursando un programa de formación académica y esto ha fomentado su participación en las actividades dirigidas a la reparación de escenarios comunitarios. Lo mismo sucede en otras latitudes pues, hoy en día, en el país 11.448 personas cambiaron el fusil por un lápiz y un papel.

La idea es prepararlos psicológica y laboralmente para que estas 45 mil personas que dejaron las armas de forma voluntaria no sean una carga permanente para el Estado, sino que a futuro sean capaces de generar sus propios ingresos, bien sea a través de un plan de negocios rentable o en la modalidad de empleo, para lo cual existen programas de gobierno como el de Auxiliares Cívicos y vacantes que ofrece el sector privado, que cada vez entiende más la importancia de la responsabilidad social empresarial para el progreso de todos.

Algunos participantes, por fortuna, ya comienzan a despegar en el mundo de los negocios. Jesús Adolfo Romero, un excombatiente de las AUC, con sus dos socios, un desertor de las FARC y otro del ELN, montaron una empresa de maderas especializada en el corte, secado técnico en cámaras de gas y cepillado. Unión, maderas y machimbres, como se llama esta compañía, comenzará la producción de estivas, gracias al apoyo económico de la comunidad internacional, pues además de ser un ejemplo de reconciliación sorprende que lideren proyectos de reforestación a gran escala en los departamentos de Santander y Chocó.

Y este es apenas uno de los 3.456 planes de negocios que la Alta Consejería Presidencial ha apoyado en estos 14 meses después de analizar que son viables financiera, operativa y comercialmente. Creemos que por el camino del progreso y el desarrollo económico se llega a la paz.

En Quibdó, por ejemplo, el programa de Auxiliares Cívicos ha permitido la reconciliación comunitaria, que es uno de los pilares de nuestra política. Los comerciantes ven a los reintegrados como aliados, pues su gestión ha permitido reducir los índices de robos y atracos. Los participantes, a su vez, entienden la importancia de su labor, están comprometidos con el pueblo, y por eso, aunque Chocó es uno de los departamentos con mayores índices de pobreza, ahora allí reina la tranquilidad y la convivencia pacífica. En este programa han participado 7.044 personas, actualmente lo hacen 764 y en proceso de entrenamiento tenemos a 2.064.

Precisamente, queremos que como consecuencia del proceso de reintegración, las personas afectadas por la violencia vivan mejor que antes. Para lograrlo, fortalecimos nuestra presencia en las regiones a través de 36 centros de servicios, hacemos comités de seguimiento con las autoridades locales y la institucionalidad municipal y departamental, y realizamos una intervención en las comunidades, para que las víctimas, que son muchas en Colombia, nos ayuden en la consolidación de la paz.

El país necesita que los reintegrados encuentren unas familias, unos barrios, unas comunidades y unas ciudades que abran sus mentes, sus corazones, sus bolsillos, para que con ellos, convertidos en ciudadanos que respeten la constitución y la Ley, podamos empezar a caminar por la ruta del progreso social y económico, y como consecuencia de esto, logremos la paz.

Frank Pearl
Alto Consejero Presidencial para la Reintegración
República de Colombia