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Desde agosto de 2002, el Gobierno colombiano implementó la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), con el objetivo de recuperar y fortalecer la institucionalidad y el orden público, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todas las personas en Colombia.

Esa Política busca desmontar a todos los grupos armados ilegales a través de desmovilizaciones colectivas e individuales. En el caso de las desmovilizaciones colectivas, un grupo puede entrar en los diálogos y desmovilizarse solo por una vez.

Las desmovilizaciones individuales son una opción disponible para los individuos que eligen abandonar sus grupos y entrar al proceso de desmovilización, siempre que no tengan órdenes de captura por crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Una persona que tenga órdenes de captura por delitos contra el DIH puede desmovilizarse, pero en caso de ser condenada no será acreedora a los servicios de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.

Todas aquellas personas requeridas por infracciones al DIH pueden acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que les brinda la posibilidad de acceder a beneficios judiciales a cambio de la confesión de la totalidad de sus crímenes y su compromiso con la reparación de las víctimas

Hasta la creación de la ACR, en septiembre de 2006, el gobierno colombiano ofrecía un programa de reintegración enfocado en el individuo, que buscaba reformar y preparar a las personas desmovilizadas a través de atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud, además de una mensualidad económica. El programa se llamaba Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) y era dirigido por el Ministerio de Interior y de Justicia.

En comparación con otros programas de reintegración enfocada en el individuo, el PRVC estaba muy bien concebido e incluso llegó más lejos en ciertos aspectos que otros programas similares en el mundo, particularmente en lo relacionado con la atención psicosocial para personas desmovilizadas, servicios y beneficios ofrecidos a sus participantes. Sin embargo, poco se hizo para preparar física o psicológicamente a las comunidades receptoras para la llegada de las personas desmovilizadas y sus familias.

Al principio, esto no representó un problema para el programa, porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando se empezaron a ver los resultados de la política de seguridad democrática, la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció significativamente y el PRVC se congestionó y enfrentó dificultades administrativas y conceptuales.

Desde 2003 hasta hoy se han presentado unas 54.000 desmovilizaciones, tanto de las AUC, como de las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales.

Actualmente hay un promedio de seis nuevas movilizaciones por día. Las desmovilizaciones colectivas que ocurrieron después de los diálogos de paz con varios grupos paramilitares en el 2002 y el 2003 Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar y otros grupos más pequeños alcanzaron los 31.671 hombres entre el 2003 y el 2006.

Todas estas personas se desmovilizaron y entraron al proceso de reintegración, excepto por 2.345 que eran menores y que entraron al Programa de Atención a Víctimas de la Violencia, ahora conocido como el Programa de Atención Especializada (PAE), que dirige el Instituto de Bienestar Familiar.(1) En ese programa los menores están hasta que cumplan 18 años de edad.

En el último trimestre de 2002 y 2003, el número de personas desmovilizadas que entró al proceso de reintegración fue relativamente bajo. Debido a que ellos habían abandonado sus grupos y se habían desmovilizado individualmente, muchos desmovilizados fueron reubicados en Bogotá, en donde se sentían más seguros, puesto que la ciudad es el principal centro urbano y les ofrece anonimato. El PRVC estaba entonces ubicado en Bogotá y estaba bien equipado para manejar a la población objetivo de menos de 4.000 personas en un área geográfica concentrada.

Una vez la desmovilización colectiva de las AUC y otros grupos paramilitares se incrementó, el PRVC recibió un influjo de más de 38.000 personas, la mayoría desmovilizados colectivamente, que no tenían las mismas preocupaciones sobre seguridad de quienes habían abandonado sus grupos individualmente y, por esta razón, regresaron a sus lugares de origen.

Este rápido cambio en las dinámicas de la desmovilización de la población provocó que el PRVC se percibiera como inadecuado para manejar los retos de reintegrar a las personas desmovilizadas de Colombia y evidenció la necesidad de un cambio en la forma como el programa era concebido e implementado.

En septiembre de 2006 el ex Presidente Álvaro Uribe creó la Alta Consejería para la Reintegración en la Presidencia de la República para coordinar los esfuerzos de reintegración del gobierno y nombró a Frank Pearl González como Alto Consejero para la Reintegración.

El nuevo presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó a Alejandro Eder Garcés como Alto Consejero para la Reintegración. El 21 de septiembre de 2010 Eder asumió el cargo. El pasado 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasó a ser Agencia Colombiana para la Reintegración de conformidad con el Decreto 4138, y Alejandro Eder Garcés fue ratificado como Director.