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Desde agosto de 2002, el Gobierno colombiano ha implementando la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), que busca recuperar y fortalecer la institucionalidad y el orden público para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos en Colombia.

La Política busca desmontar a todos los grupos armados ilegales a través de desmovilizaciones colectivas e individuales. En el caso de las desmovilizaciones colectivas, un grupo puede entrar en los diálogos y desmovilizarse por solo una vez.

Las desmovilizaciones individuales son una opción disponible para los individuos que eligen abandonar sus grupos y entrar al proceso de desmovilización siempre que no tengan órdenes de captura por crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Una persona que tenga ordenes de captura por delitos contra el DIH puede desmovilizarse, en caso de ser condenada no será acreedora a los servicios de la ACR, pero si puede desmovilizarse del grupo armado.

Todas aquellas personas requeridas por infracciones al DIH pueden acceder a los beneficios de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, que les brindará la posibilidad de acceder a beneficios judiciales a cambio de la confesión de la totalidad de sus crímenes y su compromiso con la reparación de las víctimas

Esta ley es aplicable a todas las personas desmovilizadas sin distinguir el grupo del que provienen,ha generado más de 2000 arrestos y la solución de muchos casos que estaban sin resolver. Esto significa que hay más personas en la cárcel en Colombia por violaciones a los derechos humanos que por todas las otras situaciones de post conflicto y post dictadura en América Latina combinadas.

Hasta la creación de la ACR en septiembre de 2006, el gobierno colombiano ofrecía un programa de reintegración enfocado en el individuo, que buscaba reformar y preparar a las personas desmovilizadas a través de atención psicosocial, capacitación académica y acceso al sistema nacional de salud, además de una mensualidad económica. El programa se llamaba Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) y era dirigido por el Ministerio de Interior y de Justicia.

En comparación con otros programas de reintegración enfocada en el individuo, el PRVC estaba muy bien concebido e incluso llegó más lejos en ciertos aspectos que otros programas similares en el mundo, particularmente en lo relacionado con la atención psicosocial para personas desmovilizadas, servicios y beneficios ofrecidos a sus participantes. Sin embargo, poco se hizo para preparar física o psicológicamente a las comunidades receptoras para la llegada de las personas desmovilizadas y sus familias.

Al principio, esto no representó un problema para el programa porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando se empezaron a ver los resultados de la PDSD, la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció significativamente y el PRVC se congestionó y enfrentó dificultades administrativas y conceptuales.

Entre agosto 2002 y 31 de marzo de 2008, 46.913 personas de diferentes grupos armados ilegales expresaron su voluntad de desmovilizarse. Actualmente hay un promedio de 10 nuevas movilizaciones por día.(1) Las desmovilizaciones colectivas que ocurrieron después de los diálogos de paz con varios grupos paramilitares en el 2002 y el 20032 (Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Bloque Central Bolívar y otros grupos más pequeños) alcanzaron los 31.671 hombres entre el 2003 y el 2006.

Todas estas personas se desmovilizaron y entraron al proceso de reintegración, excepto por 2.345 que eran menores y que entraron al Programa de Atención a Víctimas de la Violencia– ahora conocido como el Programa de Atención Especializada (PAE) – que dirige el Instituto de Bienestar Familiar, hasta que cumplan 18 años de edad.(3) Para marzo 31 de 2008, 31.196 adultos, a lo largo del país, permanecían activos en el proceso de reintegración de la ACR que reemplazó al PRVC4.

Como puede leerse en el cuadro anterior, en el último trimestre de 2002 y 2003, el número de personas desmovilizadas que entraron al proceso de reintegración fue relativamente bajo. Debido a que ellos habían abandonado sus grupos y se habían desmovilizado individualmente, la gran mayoría de las personas desmovilizadas individualmente fueron reubicadas en Bogotá en donde se sentían más seguros, puesto que la ciudad es el principal centro urbano y les ofrece anonimato. El PRVC estaba entonces centrado en Bogotá y estaba bien equipado para manejar a la población objetivo de menos de 4.000 en un área geográfica concentrada.

Una vez la desmovilización colectiva de las AUC y otros grupos paramilitares se incrementó, el PRVC recibió un influjo de más de 38.000 personas, la mayoría desmovilizados colectivamente, que no tenían las mismas preocupaciones sobre seguridad de quienes habían abandonado sus grupos individualmente y por esta razón, regresaron a sus lugares de origen.

Este rápido cambio en las dinámicas de la desmovilización de la población provocó que el PRVC se percibiera como inadecuado para manejar los retos de reintegrar a las personas desmovilizadas de Colombia y evidenció la necesidad de un cambio en la forma como el programa era concebido e implementado.

En septiembre de 2006 el Presidente Álvaro Uribe creó la ACR al interior de la Presidencia de la República para coordinar los esfuerzos de reintegración del gobierno y nombró a Frank Pearl González como Alto Consejero para la Reintegración.